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Este trabajo presenta en primer lugar un análisis del actual sistema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) en México como factor productivo y como sistema flexible, así como las controversias legales por las que ha atravesado este sistema, básicamente enfocadas a la inconstitucionalidad de la base gravable y la no deducibilidad de las empresas por el pago de la PTU. En segundo lugar se presentan las conclusiones del análisis de este sistema, las recomendaciones para mejorarlo a través de la propuesta de un sistema de participación de los trabajadores basado en la productividad del proceso de trabajo y las ventajas del sistema propuesto sobre el actual.
Palabras clave: participación de los trabajadores en las utilidades, productividad, reforma laboral, flexibilidad, bonos de productividad.
El sistema de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) no ha tenido cambio en su esencia desde su creación el 21 de noviembre de 1962; sin embargo, la situación de México no es la misma que hace 40 años. La productividad cobra mayor importancia en esta época en la que la globalización ha estado amenazando el ritmo «tradicional» de trabajo en las empresas. Hoy en día un trabajador, empresa o país que no es productivo no puede sobrevivir a esta competencia sin fronteras. Por ello, es urgente que se realice una evaluación de dicho sistema y/o la creación de uno nuevo, capaz de retomar la importancia de un modelo de participación de los trabajadores en la que se fomente una cultura laboral enfocada a premiar realmente la competitividad y productividad de los empleados a través de sus procesos de trabajo.
La definición del reparto de utilidades fue adoptada en el Congreso Internacional de Reparto de Utilidades llevado a cabo en París en 1889:
El reparto de utilidades se refiere a los arreglos permanentes bajo los cuales los trabajadores reciben regularmente, además de sus sueldos y salarios, una participación en alguna base predeterminada, en sus utilidades generadas. La suma que les corresponde a los trabajadores varía con el nivel de utilidades.
Repartir utilidades a los empleados es una idea casi tan antigua como la constitución de un país. Albert Gallatin, secretario de Tesorería de Jefferson, y Madison establecieron el primer plan de reparto de utilidades en su fábrica de vidrio en Pennsilvania en 1797.2 Los argumentos teóricos fueron desarrollados por el economista alemán J.H. von Thunen, en 1848, y un número de servicios operaron estos esquemas antes del siglo veinte. En los Estados Unidos, el más fuerte concepto en favor de un mayor uso del reparto de utilidades fue hecho en 1988 por candidatos presidenciales como Bruce Babbit y Joseph Biden.3
En sus orígenes, "los sistemas de reparto de utilidades fueron instrumentos de forma voluntaria utilizados en empresas que procuraban establecer buenas relaciones laborales y querían compartir parte de los frutos de su éxito con los trabajadores que las conformaban."4 Años más adelante, algunos países empezaron a establecer este instrumento de forma obligatoria para que se extendiera el beneficio a la mayoría de los trabajadores.
En México, el decreto por el cual se les otorgó a los trabajadores el derecho de participar en las utilidades de las empresas se publicó por primera vez en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de noviembre de 1962. Se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte del artículo 123 en su fracción IX apartado A; en sus seis incisos se dictaron las normas básicas y elementales para que, a través de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, se determinara y regulara la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) conjuntamente con el capítulo VIII del título tercero de la Ley Federal del Trabajo.
